¡¿Hasta cuándo?!

¿Cuánto tiempo más vamos a poder sostener esta crisis de ingobernabilidad?, ¿cuándo podremos comenzar a trabajar en una agenda conjunta de país, sin crear divisiones? Ahora le tocó el turno al alcalde capitalino, ¡esto ya parece el juego de las sillas musicales!

Hasta ayer, las cosas venían encaminadas. Finalmente se había abierto el debate para las reformas a la Ley Electoral, varios tanques de pensamiento presentaron propuestas, la comisión del Congreso de la República encargada de las reformas a la LEPP, estaba trabajando y el Tribunal Supremo Electoral también trabajaba en una propuesta de ley. Daba gusto ver como el debate nacional se había volcado en una agenda común. Quizá faltaba mucho para ponernos de acuerdo en los detalles específicos de las reformas, pero la mayoría de personas lo veíamos como un respiro, un paso al futuro; y hoy, yo sólo veo un retroceso. Esto pareciera confirmar que sólo se busca desestabilizar al país e impedir que hagamos las reformas a la LEPP, para evitar llegar a elecciones.

No me mal entiendan, la lucha contra la corrupción es algo que tenemos que hacer, caiga quien caiga. Pero, muchos de estos procesos se están llevando de forma descuidada, hay problemas con los plazos, las pruebas, los testigos, etc. Es absurdo que los detenidos el día de ayer, tengan que esperar en prisión por 12 días para tener la primera declaración. La ley estipula en el artículo 87 del Código Procesal Penal, que deben de tener la primera declaración dentro de las primeras 24 horas luego de ser detenidos. Pero, como los presentaron ante el juez, este se da el lujo de fijar la audiencia para el 17 de octubre, cubriéndose las espaldas con una «huisachada», como decimos en buen chapín. Sean o no culpables, tienen derecho al debido proceso. Es más, en Guatemala no existe la figura de la prisión provisional, existe la prisión preventiva cuando ya se está ligado a proceso. Pero como estos detenidos aún no lo están, significa que estarán en prisión por 12 días de forma ilegal. Por supuesto, no faltará quien diga que estoy defendiendo a los sindicados, ¡no, defiendo el imperio de la ley y el debido proceso! Desgraciadamente, en los casos políticos esta medida se ha venido usando y nadie ha hecho nada al respecto, pero es una grave violación a la ley y a los derechos humanos del sindicado.

Y ahora, le han dado a Arzú el perfecto «Casus belli». «Casus belli», es una expresión latina que se utiliza en nuestros días en Derecho Internacional, aunque sus usos pueden ser muy amplios. En este contexto significa que el alcalde tiene la excusa perfecta para declararle la «guerra» abiertamente a Iván Velásquez y Thelma Aldana, debido al antejuicio interpuesto en su contra. Por lo tanto, regresamos al enfrentamiento político. Arzú, a diferencia de Morales, es un experto en política, es un veterano, para bien o para mal.

Como consecuencia, las urgentes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tendrán que esperar. Todo indica que a los actores políticos poco les importa, unos quieren mantenerse en el poder y los otros quieren violar las instituciones y la constitución a como dé lugar, para poder instaurar al gobierno que les plazca. Mientras tanto, los ciudadanos seguiremos esperando y aguantando, porque esto ya se volvió una prueba de resistencia. ¡¿Hasta cuándo?!

Este artículo de fue publicado originalmente en el diario Siglo.21, el 6 de octubre de 2017. Puede ver el original acá.