El año pasado escribí en este espacio sobre el proyecto de ley 5254, «Ley de ciberdelincuencia». Hoy deseo hablarles o más bien alertarlos, sobre el proyecto de ley 5239, «Ley contra actos terroristas». La cual pretende llamar terrorista a prácticamente cualquier ciudadano que haga ejercicio a su derecho a la libre emisión del pensamiento.
En noviembre, cuando esta iniciativa fue presentada, una agrupación campesina se manifestó al respecto, porque dicha ley también llama terroristas a quienes bloquean las carreteras, pero el tema pasó prácticamente desapercibido por la población. Esta semana me hicieron llegar la iniciativa de ley, y es realmente preocupante. Les copio de forma textual el artículo 24 del proyecto de ley, el subrayado es mío.
«Articulo 24. Terrorismo cibernético o Ciberterrorismo. Comete este delito quien, con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares, y/o cualquier otro utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de generar, infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas, será sancionado con prisión de diez a quince años.
Si con esta acción se intercepta, trasfiere, desvía, causa daño, inutiliza o destruye equipos, programas e información contenida en los mismos será sancionado con pena de prisión de quince a treinta años.
En la misma forma será sancionado quien programe, distribuya, comercie o tenga en su poder programas encaminados producir los efectos a que se refiere el párrafo anterior.»
La definición de ciberterrorismo según Wikipedia es la siguiente: «El ciberterrorismo o terrorismo electrónico es el uso de medio de tecnologías de información, comunicación, informática, electrónica o similar con el propósito de generar terror o miedo generalizado en una población, clase dirigente o gobierno, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas. Los fines pueden ser económicos, políticos, o religiosos principalmente».
Como podrán ver nuestros legisladores, en su definición de «ciberterrorismo», no hicieron más que copiar, y medio editar la definición de Wikipedia. Sin embargo, según esta definición habría primero que definir lo que significa, «generar, infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional». Ya que para mí esa definición es tan general, que podría convertirse en una herramienta contra la libre expresión del pensamiento. En este país, todos los días sale más de algún analista político a atemorizar a la población, con sus predicciones y análisis políticos, ¿Es eso un acto terrorista? ¡No! Simplemente el analista está ejerciendo su derecho a la libre expresión del pensamiento. ¿Son todos aquellos que critican al Congreso de la República, al MP o a la CICIG terroristas? ¡Por supuesto que no!
Encontré esta otra definición de Teresa Gil, la cual me parece más acertada: «El ciberterrorismo es la ejecución de un ataque sorpresa por parte de un grupo (o persona) terrorista, extranjero subnacional, con objetivo político, utilizando tecnología informática e Internet para desactivar las infraestructuras electrónicas y físicas de una nación, provocando de este modo la pérdida de servicios críticos, como energía eléctrica, sistemas de emergencia telefónica, sistemas bancarios, Internet y otros muchos». Como podrán ver, hay un abismo entre ambas definiciones. Debemos estar vigilantes y atentos, ya que, si nos descuidamos, corremos el riesgo de convertirnos en terroristas por el simple hecho de opinar y disentir, si a alguien se le ocurre acusarnos de causar terror a los demás al ejercer nuestro derecho a la libre emisión del pensamiento.
Este artículo de fue publicado originalmente en el diario El Siglo, el 2 de febrero de 2018. Puede ver el original acá.
